2005-12-07

Algunos días -por desgracia casi exclusivamente los festivos-, entre rebanada de pan tostado huntado con mantequilla y mermelada de arándanos y ese sorbito de café con leche que nos despereza la musculatura y el intelecto, se tiene la suerte de abrir la prensa y toparse con un artículo de opinión, de esos que uno no dudaría en catalogar como sobriamente lúcidos.

No es habitual que en una época en la que las adhesiones inquebrantables a principios, manifiestos y declaraciones veraces de todo tipo se han puesto tan de moda, reviviendo aquel tan castizo proceder del "o conmigo o contra mí y mis amigos, que se van a encargar de darte una paliza hasta romperte ambas dos piernas", alguien decida jugársela y llevar la contraria a los vociferantes de turno, recordándoles de paso a quienes hoy en día se han vuelto más papistas que el Papa, a pesar de que cuando tuvieron que apostar por el cambio de sistema no solamente no lo hicieron sino que se opusieron con vehemencia al mismo, cual es el espíritu que dió origen a nuestra Carta Magna.

Así pues, y con la única pretensión de volver a tenerlo a mano cuando me apetezca releerlo (aunque si alguno de ustedes lo encuentra de provecho mejor que mejor), no pienso resistirme a recoger en esta Taberna de los Cien Gaiteros este artículo de Manuel Montero, aparecido en el diario El Correo.

Antes una España rota que tonta
Por: Manuel Montero / Catedrático de Historia Contemporánea en la UPV-EHU

El título de este artículo, una aparente 'boutade' de resonancias históricas, expresa una sospecha. Antes de seguir desbarrando por el camino del disparate pseudoconstitucionalista de defensas numantinas de la unidad de España, quizás sería mejor que lo dejásemos y que haga 'crack', estalle y santas pascuas. Siempre que lo fundamental, la voluntad democrática y la inteligencia, se mantengan y sostengan. Antes muerta que sencilla: España es complicada y el simplismo -el ansia de domar por volumen los problemas de identidades nacionales, a ver quién grita más- abre heridas difíciles de restañar. Como nos queda la intemerata para continuar viviendo en comunidad -ni rota, ni tonta, ni sencilla: no pasa el futuro por ahí, si se otea el panorama sin anteojeras- mejor no seguir lacerándonos con tan fogoso afán de que salga el sol por Antequera y de que ojalá parta un rayo a los de enfrente.

La Constitución de 1978, la nuestra, cumple hoy 27 años, que es edad de merecer. Asombra cómo ha cambiado la percepción que de ella hemos tenido, sobre todo estos últimos años, ya de veinteañera. Cuando se aprobó significaba avance democrático. Constitución era crear una sociedad de ciudadanos. Se identificó con el triunfo de la democracia, de la voluntad popular, del pluralismo, de la tolerancia. La creación de un régimen de división de poderes, de controles democráticos. La expresión de la soberanía nacional. La formación del Estado autonómico. Y un largo etcétera, en la misma línea. Todo con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y desaciertos: no hay obra humana perfecta.

Ahora, al parecer, y según las manifestaciones del día -las que organiza la derecha y en sus verbalizaciones de los últimos años - Constitución significa básicamente unidad de España. A cualquier coste. El proceso intelectual seguido resulta raro, pues nuestra Constitución es muy parca en sus referencias a España. En su día, se dijo que una de las cuestiones sacrificadas al consensuarla era el exiguo concepto nacional que desarrolla, contra lo que pudiera deducirse de las soflamas de un cuarto de siglo después. No es cuestión de traer aquí la prolija definición del extinto plan soberanista del País Vasco, pero recuérdese que dedicaba casi un folio épico a decir qué es (y quién no, por exclusión) el Pueblo Vasco. En esto, mutatis mutandi, la afirmación constitucional resulta bien escueta, pero preciosa: «La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía...» o «España se constituye en un Estado social y democrático y de Derecho, que propugna como valores supremos de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Son breves definiciones, pero magníficas. Lo importante, en lo que nos atañe aquí: la esencia de la Constitución de 1978 - basta leer cualquiera de los estudios que por entonces se publicaron- era el logro de la democracia.

Dábase por supuesto, además, que la democracia constitucional sería la forma de fortalecer la unidad de España. Sobre todo, por crear el cauce para el desarrollo autonómico, desde el supuesto de que tal era la vía de la convivencia para las zonas donde había sectores con sentimientos de identidad nacional diferentes a los españoles.

Por entonces no había dudas sobre dos cosas, aparentemente contradictorias. Que el sostenimiento de la democracia impediría cualquier ruptura (traumática o no) de España, pues no iban por ahí los sentimientos ciudadanos, ni siquiera donde abundaban los nacionalistas antagónicos. Que los nacionalismos vasco y catalán buscarían cualquier resquicio u ocasión para profundizar en el autogobierno, y eventualmente romper con España; su problema no eran las previsiones que en esto tiene la Constitución, sino cómo afrontarlo sin romper las normas de la democracia y la decencia.

¿El descrito es un esquema posmoderno, estructuralmente débil? Sin duda: forzaba a un constante juego de equilibrios, entre quienes defienden la voluntad de la ciudadanía democrática y quienes sostienen los esencialismos nacionalistas. Tenía - y tiene - un destino final: no tener un punto final, un cierre del juego, en tanto no quiebre la democracia, en tanto no quiebren los nacionalismos. ¿Una suerte de empate infinito, con leves variaciones cada cuatro años? Exactamente. Resulta difícil imaginar cierres definitivos, por muchas ganas que pongan los unos o los otros.

Este esquema, en el que en un lado de la balanza estaba un constitucionalismo que hablaba de la ciudadanía y en el otro los nacionalismos esencialistas, ha reventado. Mejor: reventó hace unos años. La explosión, o implosión, se produjo entre el otoño de 2000 y la primavera de 2001, tras la 'razzia' terrorista que ETA desencadenó después de su tregua, tras la radicalización del nacionalismo vasco presto a aprovechar los vericuetos de la democracia para acabar con el empate infinito e imponerse; y, también, tras las euforias del PP después de su victoria por mayoría absoluta y el achique de cerebros por el que apostó. El esquema de los ochenta y noventa saltó por los aires. Ya no era democracia contra nacionalismo, sino nacionalismo español contra los otros nacionalismos.

Tan legítimo es el uno como los otros, pero aquí no se trata de legitimidades, sino del cambio político que esto supuso. La alternativa de ciudadanía democrática frente a nacionalistas quedó sustituida por nacionalismo contra nacionalismos. El choque de trenes. Fue la ruptura más grave producida en nuestro juego político desde que se aprobó la Constitución. Algo se transformó en profundidad, no era una cuestión de matiz.

En la idea predominante hasta entonces, para los constitucionales -así se les solía llamar, por raro que parezca-, democracia y España eran las dos caras de la misma moneda; se entendía que la unidad española resulta consecuencia de la voluntad de los ciudadanos, no de infranqueables vallas jurídicas. En las décadas anteriores no hubo dudas ni complejos al respecto. Además, si la voluntad neta de los vascos y catalanes, dentro del juego democrático, del respeto a los derechos humanos, sin uso de violencias, ni trampas ni trampillas esencialistas dijese que no quieren que vivamos juntos, pues adiós muy buenas y que cada palo aguante su vela. España es resultado de la voluntad democrática de los ciudadanos o no es. Tal era el juego hasta 2000 y nunca corrió peligro la unidad nacional. Repásense los resultados electorales, las expresiones de la voluntad de los ciudadanos, las encuestas, la evolución del sentido común...

La ruptura intelectual y política de fines de 2000 cambió las tornas y tuvo efectos gravísimos, entre otras razones porque venía como anillo al dedo de las tesis nacionalistas, que siempre habían sostenido que el enfrentamiento era entre naciones; no entre unas esencias nacionales y la ciudadanía democrática.

Todavía no hemos salido de este círculo perverso. A parte de la derecha le costó Dios y ayuda convertirse a la Constitución, pero de la que lo hizo aplicó la fe del converso. Lo malo es que no parece identificarla con la pluralidad y con la posibilidad, básica en la construcción constitucional, de distintas interpretaciones. Si de algo discrepa, asegura que es anticonstitucional y pone el grito en el cielo. Tiene razón en que se está destruyendo el espíritu constitucional. Sucede desde el momento en el que se cree con el monopolio de su interpretación. ¿Hasta montan una manifestación para defender ellos solos la Constitución porque sugieren que el Gobierno constitucional no cree en ella! Y todo por la propuesta de Estatut que aprobó el Parlamento catalán con el 90% de los votos, pese a que sigue el proceso previsto constitucionalmente. En plan 'Españoles, la patria está en peligro...'. De continuar por el tobogán de los dislates, no en parcelas, en eriales políticos se nos va a partir España.

Convendría volver a defender la Constitución, no como bandera de partido, que es su negación, sino como patrimonio común. Resulta imprescindible sostener la democracia constitucional. Más ciudadanía democrática y menos naciones. De pequeño vi una película a colores que entonces me entusiasmó. Salían unos individuos con armaduras y caballos jaleándose al grito de '¿Castilla!, ¿León!, ¿Aragón'!, y no sé cuántas naciones/nacionalidades/reinos/regiones más - ni si las había- y se liaban a mandobles de órdago y muy señor mío, quizás entre ellos, quizás contra la morisma, no recuerdo. Se titulaba 'El valle de las espadas'. Muchos años después la pasaron por la tele. Seguían pegando los mismos gritos y tortazos, pero me pareció una película aburridísima. 'Déjà vu'.

Dicho lo cual, parece que queda claro que, en este país, de democracia, libertad y derechos individuales y comunales todavía nos queda mucho por aprender.

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